Cleto intenta frustrar la sanción de la ley audiovisual, o Ley K, como la llaman Clarín y el multimedios América, de Vila, Manzano y De Narváez, que lo adoban como presidenciable. Los negocios avalan, desde la gobernación de Mendoza en adelante, la construcción mediática de un prócer. La política intenta recuperar la centralidad perdida y el vicepresidente es la quintacolumna del poder corporativo.
Durante su desempeño como gobernador de Mendoza el vicepresidente Julio Cobos favoreció grandes negocios de los principales grupos de medios del país, que le retribuyen con generosidad, presentándolo como una alternativa política al gobierno nacional, dentro de dos años o ya mismo, según se desarrollen los acontecimientos. Ése es el sentido de su hiperactividad en asuntos que nunca se asociaron con la vicepresidencia, que ha conseguido irritar tanto al gobierno como a otras fuerzas de la oposición. Sus encuentros con el diputado de Unión-Pro Francisco De Narváez y con la conducción del Grupo Clarín tienen una faz pública y una cara oculta, que se develan en esta nota.
Estas relaciones especiales de Cobos abarcan tanto al grupo América, al que lo acercó su asesor Leopoldo Moreau, como a Clarín. Además de medios, el trío Vila-Manzano-De Narváez opera servicios públicos y áreas petroleras en Mendoza, donde Clarín posee el principal diario, fundado hace 126 años. El envío al Congreso del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual recalentó esas conexiones.
Vila-Manzano-De Narváez
En julio de 2006 un fuerte viento Zonda provocó graves daños, entre ellos la caída del servicio eléctrico de la empresa del grupo, EDEMSA, que dejó sin luz a 50.000 personas en el Gran Mendoza por más de 72 horas. El Ente Regulador que dirigía Mario de Casas, le impuso a una multa de por lo menos dos millones de pesos, además de las compensaciones que debería pagar a los damnificados. Cobos lo desautorizó: “No me interesa que el EPRE aplique multas, sino que en situaciones de fuerza mayor ayude a las empresas a restablecer el servicio”, dijo. Agregó “que EDEMSA se puso inmediatamente a disposición y estoy muy conforme con la forma en que ha trabajado”. Pero el ente regulador insistió y Cobos se llamó a silencio al percibir el fastidio social con la falta de servicio.
Cobos y su ministra de Economía, Laura Montero, licitaron once áreas petroleras. La oferta más alta, por 76 millones de dólares, fue presentada por una UTE que encabezó Oxipetrol. Las ofertas siguientes, ambas por 55 millones de dólares correspondieron a empresas del trío ManzanoVilaDe Narváez y del empresario patagónico Cristóbal López. Pero Cobos anuló la licitación. En la segunda convocatoria, ya con la oferta de Oxipetrol conocida, Manzano y López mejoraron las suyas y resultaron los principales adjudicatarios. La inversora en negocios energéticos de Manzano y los Vila, Ketsal, fue la única que ofertó por las once áreas. En asociación con Kilwer obtuvo la principal (Chachahuén, por 126,7 millones de dólares) y por otros 62 millones las áreas Ñacuñán, Pampa del Cebo, Zampal Oeste, San Rafael, Malargüe y El Coirón I y II. Oil M&S, de Cristóbal López, se quedó con el área del Río Diamante, por 66 millones de dólares.
La legislatura cuyana sancionó una ley de marco regulatorio de servicios públicos que el grupo resistía. Manzano dijo que no había que preocuparse demasiado porque podía arreglarse en el decreto reglamentario. Consiguió más que eso: Cobos nunca reglamentó la ley.
Clarín en Los Andes
José Luis Manzano era el ministro político cuando el presidente Carlos Menem decidió privatizar YPF. Para amortiguar la fuerte oposición que provocaba en el peronismo, le aconsejó que transara con las provincias hidrocarburíferas los juicios por regalías mal liquidadas. Mendoza recibió 617 millones de dólares en Bonos de Consolidación. Ese fue también el origen de los célebres fondos de Santa Cruz, que el gobernador Néstor Kirchner depositó en el exterior. En Mendoza, el gobernador Rodolfo Gabrielli creó el Fondo de Financiamiento de Inversiones Públicas y Privadas para la Transformación y el Crecimiento (FTYC), que comenzó a operar en 1994. El objetivo principal declarado por el Fondo en su página institucional es “brindar asistencia crediticia a las pequeñas y medianas empresas” y apoyar proyectos de desarrollo ganadero, agroindustriales, mineros y de colocación de malla antigranizo para zonas cultivadas. La línea destinada al sector industrial contempla préstamos para adquirir “maquinaria nueva”. El monto financiable es de 200 mil pesos, que aumenta a 300.000 si la mitad de las máquinas son producidas en Mendoza. La tasa para esa línea es la mitad de la ya subsidiada del Banco Nación, se paga a cinco años, y sin gracia.
Sin embargo Cobos usó ese fondo para prestar 11,6 millones de pesos al Grupo Clarín que quería importar una rotativa con muchos años de uso, fabricada en Alemania. Desde su constitución el FTYC prestó 570 millones de pesos a más de 5.000 empresas, a un promedio de 114.000 pesos por crédito. Clarín recibió cien veces más, superó en 58 veces el tope de los 200.000 pesos, importó una máquina alemana desde Estados Unidos y obtuvo además un año de gracia antes de comenzar el pago. Es comprensible que ambos grupos mediáticos consideren a Cobos un estadista notable, llamado a poner límites a la barbarie de lo que Laura Montero llamó “la tiranía” de Kirchner. Por eso lo adoban como presidenciable. Ya llegará el turno de hacerle sentir los instrumentos de trinchar.
Tipos de suerte
Cobos asistió junto con los directivos de Clarín a la puesta en marcha de la rotativa. Era director ejecutivo de ese fondo provincial el ahora secretario administrativo del Senado, el contador Jorge Tieppo, procesado por el otorgamiento irregular de otros créditos. Los préstamos por más de dos millones de pesos deben ser aprobados por la Administradora Provincial del Fondo, un órgano colegiado autárquico que integran tres ministros y depende en forma directa del gobernador, que es la autoridad de aplicación. En el momento del préstamo a Clarín lo integraba Laura Montero, en el presente diputada nacional y senadora electa. Tanto Tieppo como Montero tienen una relación íntima con Cobos. La rotativa fue instalada en la zona industrial de Guaymallén e imprime en media hora los 30.000 ejemplares del diario Los Andes, fundado en 1883 en Mendoza por Adolfo Calle. Sus descendientes sólo retienen el 20 por ciento del paquete accionario. El 80 por ciento restante es del Grupo Clarín, que llegó a ese porcentaje luego de comprar la parte de La Nación, con la que sigue asociado en Expoagro. El 27 de noviembre de 2008, cuatro meses después del voto contra la resolución 125, a partir del cual Clarín y América lo elevaron a la categoría de prócer llamado a grandes destinos, Cobos cortó las cintas y oprimió el botón de arranque de la nueva rotativa que había financiado, de 1.200 toneladas de peso y 1.500 caballos de fuerza. A la ceremonia asistieron las máximas autoridades del Grupo Clarín. La máquina de cinco niveles KBA Commander 70, fabricada hace un cuarto de siglo por la empresa alemana Koenig & Bauer, fue adquirida al diario Daily Herald, de Chicago. La mole, operada a control remoto, fue instalada en una nave de 18 metros de alto por 60 de largo. El Daily Herald la usó hasta 2003. Clarín la compró en 2005 y la desarmó durante tres meses, entre abril y julio de 2006, para cargarla en 74 contenedores que fueron por carretera hasta Nueva York y en barco por los océanos Atlántico y Pacífico hasta Valparaíso, desde donde siguieron por tierra hasta Mendoza. En un recuadro titulado El financiamiento, el diario Los Andes informó el 18 de marzo de 2007 que la inversión total fue de 17,87 millones de pesos, de los cuales 11,6 fueron prestados por el FTYC, a devolver en cuatro años, con uno de gracia, en 16 cuotas trimestrales y a tasa subsidiada. El 28 de noviembre, al anunciar que ofrecería más color y mejor calidad dijo que “parece un proceso mágico”. Cobos sostuvo que Los Andes era una institución más que una empresa. El intendente de la capital mendocina, Víctor Fayad, dijo que el vicepresidente electo era “un tipo de suerte. Siempre está en el lugar y el momento justos” y contó que en la inauguración de un casino Cobos dijo que le gustaría que salieran el 25 y el 26. Esos fueron los números en los que se detuvieron las dos primeras bolas de la noche.
Malversación e incumplimiento
Hace tres semanas la fiscal especial de delitos complejos de Mendoza Claudia Ríos elevó a juicio por malversación de caudales públicos e incumplimiento de sus deberes funcionales una causa contra el contador Tieppo. La inició el Tribunal de Cuentas cuando detectó que había otorgado créditos para comprar autos particulares a varios de sus empleados en el Fondo, que no contempla esa línea personal. Según la prensa mendocina, Cobos analizó la posibilidad de removerlo, pero no lo hizo porque en ese caso no podría impedir que la mayoría oficialista en el Senado designara al sucesor. Como director administrativo, Tieppo maneja un presupuesto de 362 millones de pesos. Además otorga subsidios y becas, aunque el decreto reglamentario sostiene que sólo pueden hacerlo los senadores. Tieppo y Montero también fueron acusados por el otorgamiento de un crédito de 8,7 millones de pesos a una empresa de transporte que estaba en convocatoria de acreedores y muy endeudada con el Estado provincial, y otros cinco a productores de mosto que se declararon en cesación de pagos. La transportista El Cacique ofreció como garantía los microbuses a comprar con ese dinero. En su fallo 15.012 emitido en diciembre de 2007 el Tribunal de Cuentas provincial condenó a Tieppo y Montero a pagar una multa, y estableció que si el crédito quedaba impago deberían responder con su patrimonio personal, porque la opción de embargar los vehículos sólo perjudicaría a los pasajeros. Según el matutino porteño La Nación fue el entonces jefe de gabinete Alberto Fernández quien convenció a Cobos de que mantuviera a Tieppo porque de otro modo el kirchnerismo designaría al sucesor. El vicepresidente devenido en líder opositor perdería el control de su principal fuente de recursos. Clarín tituló que “Cobos busca retener a su hombre de máxima confianza”.
Vocación de poder
Cuando este gobierno termine, la ley audiovisual lo sobrevivirá. La reclamó una amplísima coalición social y permitirá mayor pluralidad de voces en un mercado de excesiva concentración. Dada la flexibilidad de la presidente CFK, que admitió cambios en todos los artículos antes y durante el tratamiento parlamentario, la oposición de centroizquierda pudo poner en práctica la propuesta de Martín Sabbatella de consolidar el piso de lo avanzado en estos años pero levantar el techo, y por una vez no fue testimonial, salvo algún narcisista solitario. Es útil calcular la magnitud de estos alineamientos con la nueva conformación del Congreso. Para llegar a los 147 votos en la Cámara de Diputados, el Frente para la Victoria sumó a sus 105 remanentes, otros 42 del Partido Socialista, Solidaridad e Igualdad, la Concertación, Frente Cívico por Santiago, Encuentro Popular y Social y Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur. Después del 10 de diciembre, el gobierno conservaría 83 diputados propios y sus potenciales aliados otros 41. En vez de 147 serían 124, cinco menos que el quórum, contra los 133 que sumaría la oposición. Ahora el oficialismo puede llegar en el Senado hasta 44 votos, entre propios y posibles aliados, frente a 28 seguros de la oposición. Esto por supuesto es variable, según las leyes que se traten y en el caso de las retenciones móviles se produjo el famoso empate en 36. Con el parlamento renovado la cuenta se reduciría a 40/32 (los cuadros completos de cada Cámara se publican en la edición electrónica). Esto, sumado al posible veto presidencial, que la oposición carecerá de votos para rechazar, define una situación de menor debilidad oficial a la que desearía el obstinado frente del rechazo. La oposición de centro-derecha (radicales, peronistas minoritarios, libertadores y PROs), prefirió no incidir en lo sancionado sino preconstituir presuntas nulidades de las que Clarín y América puedan servirse para impugnar la ley en los tribunales. La táctica de dilatar para que no se supere la ley de Videla (que sólo Menem pudo redefinir porque cedió todo lo que le pedían), sugiere escasa vocación de poder por parte de esa oposición. Si pensara que pronto puede llegar al gobierno hubiera apoyado este proyecto, imprescindible para el sistema democrático, porque redimensiona un poder supraconstitucional que siempre lo condicionó en defensa de intereses, propios y del sector económico que representa.
Al Palacio de Justicia
Apenas horas después de la media sanción a la nueva ley audiovisual el juzgado contencioso administrativo federal 2 aceptó el amparo que le permitirá al Grupo Clarín continuar con la fusión de Multicanal y Cablevisión pese a la orden en contrario del COMFER. El juez Esteban Carlos Furnari fue propuesto en mayo de este año por la presidente CFK pese a que ocupó el cuarto puesto en el concurso para proveer la vacante. El Senado le dio el acuerdo el 5 de agosto y el 18 el Poder Ejecutivo firmó el decreto de designación en ese tribunal crítico. Una versión rosada diría que esto ridiculiza los cuestionamientos al gobierno y al Consejo de la Magistratura. Pero también hay lecturas más escépticas. Furnari era secretario de la sala V de la Cámara en este fuero donde se tratan las cuestiones económicas, tarifarias y de regulación que interesan al Estado y a las grandes empresas. Cuando el titular del juzgado 2, Sergio Fernández, fue ascendido a camarista y la subrogante designada por el Consejo de la Magistratura también se alejó invocando razones de salud, el Consejo designó a Furnari como subrogante. El procedimiento produjo un escándalo en el fuero, porque Furnari no figuró en la terna elevada por los camaristas Bernardo Licht, Marta Herrero, Néstor Buján, Pedro Coviello, Jorge Demarco, Luis Otero, Guillermo Galli y Alejandro Uslenghi. Sin embargo, el Consejo lo eligió, sin fundamentar la razón, invocando la original figura de la “terna de minoría”, propuesta por los camaristas Pablo Gallegos Freddiani, Jorge Argento, Carlos Grecco, Jorge Morán y el infaltable Sergio Fernández, donde sí estaba. Varios amparos judiciales se opusieron a su designación, uno de ellos de Poder Ciudadano. La sala de Sergio Fernández lo rechazó. En la secretaría de la sala V, Furnari sucedió a Claudio Fernández, hermano de Sergio. Claudio Fernández debió renunciar en 1997 cuando la empresa energética por entonces chilena Central Puerto denunció que un abogado íntimo amigo del secretario le había pedido dos millones de dólares para resolver a su favor un expediente. El entonces juez Gabriel Cavallo procesó a Claudio Fernández por entender que le había pasado los datos del expediente al extorsionador. El tercer hermano es Javier Fernández, director de la Auditoria General de la Nación. Los hermanos tuvieron estrecha relación con el ex ministro y juez Rodolfo Barra y hoy son los principales operadores de la SIDE en el Poder Judicial. Con el pretexto de ayudar al gobierno en los temas críticos han construido una base de poder propia, más duradera que cualquier administración. Este episodio demuestra mejor que cualquier discurso que cuando los bienes intangibles salen a subasta en el mercado, siempre hay alguien capaz de mejorar la oferta. También por esa razón utilitaria, no hay nada más conveniente que elegir magistrados capaces e íntegros.
Horacio Verbitsky
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